El derecho minero y petrolero en Ecuador establece que el Estado es el propietario inalienable de los recursos naturales no renovables. El Estado tiene la potestad de regular, controlar y delegar la exploración y explotación de estos recursos a través de contratos y concesiones a terceros, incluyendo empresas privadas y públicas.
El derecho minero y petrolero en Ecuador se basa en la Constitución y la Ley de Minería de 2009, que regula las actividades desde la exploración hasta la comercialización, estableciendo concesiones para el desarrollo de estos recursos. Estos derechos se otorgan a personas naturales, jurídicas o al Estado, con el objetivo de generar beneficios económicos y contribuir al desarrollo nacional.